Sobre la ampliación de las facultades legitimadas para interponer un Incidente de Transferencia de Jurisdicción (IDC)

Resumen

Una nueva e importante norma introducida por la Enmienda Constitucional N° 45/2004 parece haber recibido menos atención de la que merece: la relativa al § 5 del artículo 109 de la Constitución. Mediante esta norma, el Procurador General de la República obtuvo la prerrogativa de iniciar, ante el Tribunal Superior de Justicia, el denominado Incidente de Transferencia de Jurisdicción (IDC), mediante el cual la tramitación de un caso judicial que involucre o investigue una violación grave de derechos humanos puede transferirse al Tribunal Federal. Antes de la reforma, la competencia para juzgar diversas situaciones que involucran violaciones graves de derechos humanos correspondía, por lo general, a los poderes judiciales estatales. Casi nueve años después de la reforma constitucional que lo creó, el Incidente se ha planteado solo en contadas ocasiones (el caso de Dorothy Stang y el de Manoel Mattos), y solo se ha concedido una vez (el caso de Manoel Mattos), si bien cabe considerar que, entretanto, hubo más de un caso en el que la transferencia habría sido procedente, debido a la inercia o incapacidad de las autoridades judiciales estatales. Ante la inminente consideración de este asunto por el Parlamento, este artículo sostiene que, al tratarse de derechos humanos, debería seguirse el modelo adoptado en los sistemas de derechos humanos de la OEA y la ONU, es decir, que las denuncias de violaciones graves de derechos humanos atribuibles al Estado sean presentadas directamente por particulares o grupos de particulares, o incluso directamente por ONG legalmente reconocidas.